La Ley 16/2021 pretende paliar los desequilibrios existentes en el poder de negociación entre proveedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios. Estos desequilibrios que se han venido acentuando en los últimos años, y que se hacen más latentes actualmente con la subida de materias primas e insumos, generan un desequilibrio importante de derechos y obligaciones a una de las partes, que habitualmente es el productor.
Esta ley tiene como finalidad garantizar el equilibrio de la cadena alimentaria española. La norma tiene en cuenta las principales vulnerabilidades del sector: la dispersión de los operadores de la cadena, la rigidez y austeridad de la demanda, la estacionalidad en el mercado y la heterogeneidad de sus características internas.
Identificadas las deficiencias, por mandato europeo se introducen una serie de cambios, como son la inclusión de una lista de prácticas comerciales desleales prohibidas en las relaciones entre compradores y proveedores de la cadena de suministro agroalimentaria, la instauración de reglas para asegurar la efectividad de dichas prohibiciones, modificaciones del régimen de contratación, así como la reestructuración de los mecanismos sancionadores previstos y ciertas mejoras procedimentales a nivel de eficiencia, seguridad jurídica y confidencialidad.
Desde el pasado 1 de mayo de 2022, fecha de entrada en vigor, se han incrementado el catálogo de prácticas comerciales abusivas y desleales (las denominadas prácticas grises y negras), incluyendo nuevas infracciones.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tras la labor realizada por AICA O.A., ha impuesto en esta primera etapa un total de 95 sanciones. La mayor parte de estas sanciones han recaído en los sectores de frutas, hortalizas y vitivinícola, tal y como se recoge en el informe presentado el pasado día 30 de junio por la Agencia de Información y Control Alimentario.
La labor de AICA se desarrolla tanto de oficio, como investigando las denuncias de parte presentadas por posibles incumplimientos de la norma. Además, el director de AICA tiene competencia para la imposición de sanciones siempre y cuando la cuantía total de la sanción propuesta no exceda de 100.000 euros.
Durante el primer semestre de 2022, se han llevado a cabo un total de 354 procedimientos de inspección de oficio, supervisando las relaciones comerciales entre los sujetos inspeccionados y sus proveedores y/ o clientes. Se han analizado un total de 697 negocios jurídicos entre diversos operadores de la cadena alimentaria.
Desde la puesta en funcionamiento de AICA en el año 2013, las sanciones impuestas por el Ministerio por los incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria han sido 3149, con un importe total, de nada más y nada menos, que 13.665, 606 euros.
Casi la mitad de las sanciones impuestas durante el primer semestre del año 2022 obedece a incumplimientos de los plazos de pago, siendo cometidos la mayor parte de ellos por la industria y el comercio mayorista.
A la vista de los resultados plasmados en el informe, la mayor parte de su labor inspectora se ha centrado en velar por la existencia de contratos firmados entre las partes, el cumplimiento de los plazos, y sobre las prácticas abusivas comerciales.
La labor a desarrollar por la Agencia de Información y Control Alimentario vela por unas relaciones comerciales equilibradas, justas y transparentes en todas las fases de la cadena alimentaria. En los momentos en que se encuentra actualmente el sector alimentario, la correcta aplicación de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria es una de las esperanzas que tiene el sector agrícola para paliar la situación actual de incremento de costes de producción.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está tramitando un Real Decreto en el que se desarrolla el Registro de Contratos Alimentarios, donde han de inscribirse todos los contratos que excedan de 1000 euros, así como las modificaciones contractuales.
Habrá que esperar a final de año para valorar hacer una evaluación ajustada de la labor de AICA, habida cuenta de que hay muchos expedientes aun sin contabilizar en fase de instrucción en los que aún no ha recaído una resolución.
JLCasajuana abogados es un despacho multidisciplinar que, desde su fundación en 1976, ofrece servicios legales integrales a particulares y empresas, tanto nacionales como internacionales, con soluciones eficientes e innovadoras.
Puede interesarte: «Departamento especializado en Derecho Agrario«
Patricia Prendes
Directora del Departamento de Derecho Agrario
21/07/2022
