Dentro de los principios rectores de la política social y económica, los poderes públicos han de velar por la protección de la familia. En concreto han de promover el bienestar de los ciudadanos de la tercera edad, a quienes se debe promover el bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atienda a sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

En Asturias se cumple este mandato constitucional, entre otras instituciones, a través del Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales del Principado de Asturias, que gestiona los establecimientos residenciales para mayores dependientes de la Administración Pública.

Para aquellas personas que precisen el ingreso en un establecimiento residencial de ancianos, sin que dispongan de medios económicos suficientes, se prevé el acceso a una plaza residencial, en función de su grado de dependencia.

De conformidad con el Decreto 59/2017, de 9 de agosto del Principado de Asturias, que establece el régimen de participación económica en el coste del servicio de atención residencial de las personas mayores cuya dependencia fue reconocida con anterioridad al 1 de enero de 2011, los usuarios debían abonar mensualmente el precio público estipulado en cada momento y, en caso de no tener recursos económicos suficientes, se abonaría el 75 por ciento de sus ingresos o rentas totales, a cuenta de la liquidación final definitiva.

Muchas personas se encuentran con que tiempo después del fallecimiento del usuario entre los años 2007 y 2011, se notifica a los herederos o herencia yacente una liquidación y reclamación de la deuda por la estancia.

En ocasiones esta liquidación establecía un precio total diferente del inicialmente indicado por E.R.A., o transcurridos muchos años desde el deceso, sin que los familiares o el propio usuario tuviera conocimiento del precio que debía abonar, o en algunos casos, que tuviera que abonar cantidad alguna.

Las personas a las que les llega este tipo de liquidación, pueden recurrir ante la vía judicial la resolución de la liquidación que se les reclama por diversas causas: no estar el importe correctamente liquidado, caducidad del expediente administrativo, prescripción o por ausencia de trámite de audiencia y notificación.