Directiva de Whistleblowing y la Ley Reguladora de protección a las personas que informen sobre infracciones normativas
“Whistleblowing”, también conocido como denuncia de irregularidades, es un mecanismo mediante el cual los empleados de una empresa informan sobre irregularidades o violaciones de normativas dentro de la organización.
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la Protección de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas y de lucha contra la corrupción ha sido publicada en el BOE del 21 de febrero de 2023, traspone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, conocida como Directiva Whistleblowing.
La norma, así como su Directiva europea, pretende contribuir a la transparencia, la ética empresarial y la lucha contra la corrupción, protegiendo a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma
El contenido de la nueva Ley
La Ley Reguladora de Protección a las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas tiene como objetivo principal establecer un marco legal para la protección de los informantes o denunciantes, con el objetivo de promover la denuncia de cualquier infracción o irregularidad que puedan presenciar en su entorno laboral.
El texto de la ley establece los derechos y garantías que se otorgan a los informantes, así como los mecanismos para realizar las denuncias. Además, establece medidas para proteger la confidencialidad de los informantes y prohíbe cualquier tipo de represalia o discriminación en su contra.
Derechos y garantías para los informantes
La Ley reconoce una serie de derechos y garantías fundamentales para los informantes. Entre ellos, se incluye la protección de su identidad y la confidencialidad de la información proporcionada. Además, se prohíbe cualquier forma de represalia, ya sea en forma de despido, sanciones, acoso o discriminación, en contra de aquellos que realicen denuncias de buena fe.
El marco legal también establece el derecho de los informantes para recibir información sobre el progreso y la resolución de su denuncia, así como a obtener asesoramiento y protección legal.
Se establecen medidas adicionales para la protección para los informantes, tales como la asignación de medidas de protección personal, la transferencia a otro departamento o la modificación de las condiciones laborales del informante, si se considera necesario para garantizar su seguridad.
Empresas obligadas
Todas las empresas con 50 o más trabajadores quedan obligadas a establecer un sistema o protocolo de información para la aplicación de las medidas que se recogen en la nueva Ley. También quedan obligadas otras instituciones como patronales y sindicatos, fundaciones, y partidos políticos, cuando sean beneficiarios de fondos públicos.
Las empresas con más de 250 empleados quedan obligadas al cumplimiento de la Ley en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley, la cual se produjo a los 20 días de su publicación, lo que supone que a partir del 13 de junio de 2023 todas las empresas que superen tal cifra de empleados deberán tener ya implementado el sistema o protocolo
Las empresas con plantilla de menor tamaño al indicado contarán de plazo hasta el 1 de diciembre de 2023 para poner en marcha las medidas de la Ley y cumplir las obligaciones que allí se establecen.
Sanciones
La Ley establece un régimen de sanciones que considera como infracción muy grave la no implantación del canal interno de información para que sus empleados puedan presentar las denuncias correspondientes que pretende promover esta normativa.
Las sanciones económicas previstas para empresas por este motivo van desde 600.001 euros hasta 1.000.000 euros. Un régimen sancionador tan gravoso resulta significativo sobre la relevancia que se le pretende dar al cumplimiento de esta norma.
