Modificación de la regulación del FOGASA

Modificación a la regulación del FOGASA

Modificación a la regulación del FOGASA

Importante modificación a la regulación del Fondo de Garantía Salarial

La reciente, y trabajada por la coalición gobernante, Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, Ley 11/2020, de 30 de diciembre, introduce una importante modificación, sobre el Fondo de Garantía Salarial, a través de una de sus n-ésimas disposiciones finales, en este caso la trigésima sexta de las cuarenta y siete que contiene.

Esta disposición final también crea el llamado contrato para la formación dual universitaria, pero que queda pendiente de una ulterior regulación reglamentaria, por lo que nos centraremos en la actuación que se produce sobre el apartado 2 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET), aprobado por Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Con esta nueva vuelta de tuerca, en este caso no en sentido descendente como nos tenía acostumbrados el legislador, en lo que a la protección dada al empleado por el Fondo financiado por las cuotas empresariales, se añade un supuesto a la protección dada por el Fondo, sin que cuente con la debida explicación en la Exposición de Motivos que se limita a enunciar, sin más, en uno de los párrafos del larguísimo Exponendo X, las tropecientas leyes que son afectadas por la Ley de Presupuestos.

Como decíamos, se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 33 del ET, que queda redactado como sigue:

«Artículo 33. El Fondo de Garantía Salarial.

[…]

2 – El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50, 51, 52, 40.1 y 41.3 de esta ley, y de extinción de contratos conforme a los artículos 181 y 182 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, así como las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que legalmente procedan. En todos los casos con el límite máximo de una anualidad, excepto en el supuesto del artículo 41.3 de esta norma que el límite máximo sería de 9 mensualidades, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garantía Salarial para los casos de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50 y 56 de esta ley, se calculará sobre la base de treinta días por año de servicio, con el límite fijado en el párrafo anterior.»

El resto del artículo mantiene la misma redacción.

Debe recordarse que el “apartado anterior” al que se refiere, y que no es modificado, es éste:

1 – El Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social [la referencia debe entenderse hecha al Ministerio de Trabajo y Economía Social], con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario.

A los anteriores efectos, se considerará salario la cantidad reconocida como tal en acto de conciliación o en resolución judicial por todos los conceptos a que se refiere el artículo 26.1, así como los salarios de tramitación en los supuestos en que legalmente procedan, sin que pueda el Fondo abonar, por uno u otro concepto, conjunta o separadamente, un importe superior a la cantidad resultante de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento veinte días.

Puede interesarte: “Servicio de iguala en Derecho Laboral

Es importante traer a colación la redacción que ha venido a ser sustituida, para observar puntualmente de qué estamos hablando:

2 – El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50, 51 y 52 de esta ley, y de extinción de contratos conforme al artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, así como las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que legalmente procedan.

En todos los casos con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garantía Salarial para los casos de despido o extinción de los contratos conforme al artículo 50 de esta ley, se calculará sobre la base de treinta días [se entiende que de salario] por año de servicio, con el límite fijado en el párrafo anterior.

En suma, y por resumir, se establece con claridad, ya que los operadores teníamos en este sentido dudas si alcanzaba a la responsabilidad del FOGASA en aquellos supuestos de resolución voluntaria del contrato a instancias del trabajador por la no aceptación de las medidas novatorias de traslado o modificación sustancial de condiciones de trabajo [salvo las del apartado e) del artículo 41 del ET, relativas a sistema de trabajo y rendimiento] y ahora queda clarificado que también se activa la protección del Fogasa en caso de insolvencia del empresario en esos supuestos.

En cuanto a los límites de esta protección, enunciados genéricamente en el art. 33, recordar que la Disposición Adicional Sexta del reciente Real Decreto Ley 38/2020, de 29 de diciembre prorroga el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija(ba) el salario mínimo interprofesional para 2020. Y, por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 505/1985 de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, los límites de las prestaciones indemnizatorias y salariales del Organismo durante el año 2021, en función de un salario módulo equivalente al doble del Salario Mínimo Interprofesional, con inclusión de pagas extras, representa que para un Salario mínimo interprofesional diario para 2021 de 31,66 euros, el doble diario, con prorrateo de extras asciende a 73,73 euros, por lo que el límite máximo que abonaría el FOGASA, por salarios adeudados, no podría exceder nunca de 8.847,60 euros, así como que el límite por indemnizaciones no superaría tampoco los 26.911,45 euros (salvo en el caso, como quedó dicho, de la extinción del contrato voluntaria por el trabajador por activación del mecanismo del art. 41.3 del ET)

Sigue igualmente siendo de aplicación que se excluyen del ámbito de protección del Fondo de Garantía Salarial las indemnizaciones reconocidas en conciliación administrativa, en cuanto que lo acordado en la misma sólo tiene fuerza ejecutiva entre las partes intervinientes, hecho éste muy importante y que aconseja, cuando se dude de la solvencia de la interesada no solicitante, evitar la conciliación ante el SMAC u organismo similar en otra Comunidad Autónoma o de los creados por los acuerdos colectivos, óbice fácilmente eludible si la conciliación o avenencia se alcanza en el procedimiento judicial. Y por supuesto las indemnizaciones derivadas de un expediente de regulación de empleo o despido colectivo, aunque tengan un sesgo acordado o decidido unilateralmente por el empresario, sí gozan de esta protección por la referencia expresa del art. 33 del ET al 51 del mismo cuerpo legal.

Es pues trascendental, desde el punto de vista de los empleadores y también de las personas trabajadoras, conocer de esta regulación, de la que podrán obtener en el despacho aquella información adicional y complementaria que mejor se ajuste a la situación que pueda plantearse.

Puede Interesarte: “El despido de la plantilla por cierre de centro de trabajo

INFÓRMESE SIN COMPROMISO

91 402 51 96

despacho@jlcasajuana.com

¿DUDAS? PREGUNTA A NUESTROS EXPERTOS




En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, CASAJUANA ASESORES S.L.P le informa que sus datos personales incorporados en este formulario, serán incluidos en un fichero creado bajo nuestra responsabilidad, con la finalidad de comunicarnos con usted para llevar a cabo el mantenimiento y control de la relación negocial que nos vincula y podrán ser cedidos a terceros para gestionar la relación negocial.
Según el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión dirigiéndose por escrito a CASAJUANA ASESORES S.L.P en la Calle de Diego de León, 47, 28006, Madrid o al correo electrónico despacho@jlcasajuana.com

He leído y acepto lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos


ESPECIALISTAS EN CONCURSOS DE ACREEDORES
ASESORÍA LEGAL FRENTE AL COVID-19

ASESORÍA LEGAL FRENTE AL COVID-19

Servicio de iguala en Derecho Laboral

Servicio de iguala en Derecho Laboral

Departamento especializado en Compra Venta de Empresas

Departamento especializado en Compra Venta de Empresas

Artículos Relacionados